/ Javier Reynaldo Romero Flores / Antropologías itinerantes IX /

En Bolivia, la reproducción de la vida y su monetización aparecen como una contradicción. Esta adquiere especial relevancia. Mientras algunas comunidades conservan conocimientos y prácticas vinculados con el cuidado del agua, la producción de alimentos, la reciprocidad, el manejo de los territorios y el equilibrio de las relaciones con la naturaleza, la educación escolar institucionalizada no siempre consigue reconocerlos como fuentes legítimas de conocimiento. Con frecuencia, estos saberes permanecen subordinados frente a contenidos que privilegian una idea de progreso asociada con la competencia individual, el crecimiento económico y la incorporación al mercado; que además encubre profundos rasgos de corrupción. Así, generaciones de estudiantes pueden terminar considerando que los conocimientos de sus familias y comunidades pertenecen al pasado, mientras que las respuestas para construir el futuro deben buscarse exclusivamente fuera de ellas.

Esta situación resulta todavía más problemática cuando las políticas culturales promueven la llamada economía naranja o economía creativa como horizonte privilegiado para gestionar la cultura. Bajo la promesa de generar empleo, emprendimientos e ingresos, se impulsa la posibilidad de convertir expresiones culturales en bienes y servicios comercializables. El problema no reside en que los productores culturales reciban una remuneración justa por su trabajo. La contradicción aparece cuando la monetización se convierte en el criterio principal para determinar el valor de la cultura y justificar la reducción de la responsabilidad pública en su sostenimiento.

Una cultura no existe únicamente porque pueda generar ingresos. Las prácticas festivo-rituales, los conocimientos agrícolas, las formas comunitarias de cooperación y las relaciones de reciprocidad tienen sentidos que no se agotan en su posible comercialización. En muchos casos, su importancia reside precisamente en que contribuyen a reproducir la vida colectiva, transmitir responsabilidades entre generaciones y sostener relaciones con territorios que no pueden comprenderse exclusivamente como recursos económicos. Convertirlas en productos pueden separar sus expresiones visibles de las relaciones sociales, históricas y espirituales que les otorgan sentido.

Aquí aparece una falsa promesa generada hace varios años desde esferas de gobierno: presentar las industrias culturales como si la iniciativa empresarial pudiera sustituir la responsabilidad educativa y las políticas públicas de protección, transmisión y fortalecimiento cultural. No toda práctica cultural constituye una industria, ni toda expresión cultural necesita transformarse en emprendimiento para justificar su existencia. Cuando el Estado traslada a las comunidades la obligación de financiar su propia reproducción cultural mediante el mercado, corre el riesgo de convertir un derecho colectivo en una responsabilidad individual y una herencia compartida en una oportunidad de negocio.

Si asumimos que las educaciones locales se ocupan, o se deberían ocupar, de los procesos de producción y reproducción cultural y estos sirven para fortalecer los referentes culturales que permiten a los pueblos reconocerse como sujetos históricos y construir sus propios horizontes de futuro, entonces aquellos procesos no pueden delegarse al mercado. Esto exige incorporar los conocimientos locales no como contenidos folklóricos, sino como experiencias capaces de dialogar críticamente con la ciencia y contribuir a resolver problemas contemporáneos.

La cuestión fundamental es política: ¿queremos una educación que reproduzca los referentes culturales necesarios para sostener la vida o una educación que prepare a las nuevas generaciones para convertir toda diferencia cultural en mercancía? El futuro de Bolivia depende, en buena medida, de que la cultura deje de ser considerada un obstáculo para el desarrollo o un recurso comercial y sea reconocida como una dimensión constitutiva de la vida colectiva.