/ Javier Reynaldo Romero Flores /

Durante décadas se nos ha hecho creer que la educación es un proceso universal, neutro y técnicamente transferible. Bajo esta premisa, los sistemas educativos han sido diseñados como si los sujetos que aprenden fueran homogéneos, ahistóricos y culturalmente indiferenciados. Sin embargo, la antropología nos recuerda algo profundamente incómodo para este relato moderno: no hay educación sin cultura, ni cultura sin relaciones de poder. Toda práctica educativa está conectada con un lugar, responde a una historia concreta y expresa un proyecto político, aun cuando se presente como puramente técnica.

En Bolivia, la escuela y la universidad han operado, en muchos casos, como dispositivos de homogeneización cultural. A través de currículos, lenguajes y criterios de validación del conocimiento, se han impuesto categorías ajenas a las experiencias históricas de los pueblos, produciendo una forma de violencia simbólica que ha sido normalizada en nombre del progreso y el desarrollo. La educación moderna no solo ha enseñado contenidos, sino que ha formado sujetos que aprenden a verse a sí mismos desde parámetros externos, muchas veces negando su propia memoria cultural.

Hace poco, Laura Arroyo, una periodista peruana en el programa “La base” —“Canal Red” en YouTube—, destinado a comprender el racismo, hacía referencia desde su propia existencia al proceso que le toca vivir a una persona racializada, refiriéndose a ella misma decía: “Lo dice una persona racializada que de niña no se preguntaba por qué me llamaban chola de forma despectiva en el colegio, sino, cómo hacer para no ser chola al mirarme al espejo…”

La antropología permite desarmar esta ficción universalista —de asumir lo que somos desde la lógica de los que detentan el poder— al mostrar que toda educación responde a un proyecto de sociedad. No existe educación inocente: detrás de cada programa, cada evaluación y cada jerarquización del saber, se juega una concepción específica del mundo y del sujeto. Cuando se educa sin reconocer los contextos culturales concretos, lo que se reproduce no es simplemente ignorancia, se pone en juego sobre todo la colonialidad del saber, es decir, en el caso de un país como Bolivia se da la subordinación sistemática de formas locales de conocimiento —que han sido negadas sistemáticamente— frente a un canon presentado como universal.

Este problema no se reduce a la inclusión de contenidos “locales” o “culturales” dentro del sistema educativo. La cuestión es más profunda: se trata de interrogar qué tipo de sujeto se forma y para qué mundo. ¿Se educa para la competencia individual o para la vida en común —en comunidad—? ¿Para la adaptación al orden existente o para la capacidad crítica de transformarlo? ¿Para la repetición de saberes consagrados al desarrollo y progreso o para la producción de conocimiento que aporte a la producción y reproducción de la vida?

Desde una antropología crítica —para la reexistencia—, educar no puede significar integrar al supuesto “atrasado” a un modelo previamente definido como superior. Esa lógica reproduce la jerarquía colonial bajo nuevas formas pedagógicas. Educar, más bien, debería implicar una disputa por el sentido del conocimiento, por los criterios de verdad y por las formas legítimas de aprender y enseñar.

En este sentido, la antropología no aporta simplemente herramientas metodológicas, sino una crítica radical al imaginario educativo moderno. Nos obliga a reconocer que existen distintas racionalidades, diferentes pedagogías y múltiples formas de producir sentido. Asumir esto no debilita la educación; por el contrario, la vuelve más honesta, eminentemente política —en su sentido amplio— y, sobre todo, más comprometida con la dignidad epistemológica de los pueblos. Entonces, educar no es universalizar, es asumir el conflicto, la diferencia y la historicidad como condiciones inevitables de toda práctica verdaderamente transformadora.